Expediente: 2022/79

DON GABRIEL AMAT AYLLON, PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DEL PONIENTE HA DICTADO EL SIGUIENTE DECRETO DE CONTINUIDAD DE SERVICIOS Y PRÓRROGA FUNCIONAL DEL CONTRATO DE ANÁLISIS DE LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS Y TRATADAS DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DEL PONIENTE ALMERIENSE.
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I.- ANTECEDENTES

Primero.- Procede la descripción contextual de la situación administrativa del contrato público que se pretende dar continuidad al servicio de análisis de las aguas residuales brutas y tratadas de las EDAR del poniente almeriense.

	Se trata de un contrato de carácter básico o esencial, al referirse al control del sistema de depuración como su afección al medio ambiente por lo que, en tanto en cuanto no se adjudique el nuevo contrato cuyo PPT se está elaborando por los servicios técnicos de la Diputación Provincial adscritos al consorcio procede su prórroga funcional. 

	Desde el punto de vista económico y presupuestario, la continuidad de los servicios y prórroga funcional del contrato, no modificará los vigentes términos, en cuanto al precio estipulado de los mismos, quedando inalterable las tarifas originarias, por tanto, dicha continuidad no alteraría el principio de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales

Segundo. Con motivo de dar continuidad a una serie de prestaciones de servicios y suministros, prórroga funcional, y al objeto de no paralizar servicios básicos a realizar por el Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en el Poniente Almeriense, es por lo que se relaciona detalle de dichos servicios:

•–	Denominación del Contrato: Servicio de análisis de las aguas residuales brutas y tratadas de las EDAR del poniente almeriense.
•–	Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA).
•–	Importe: 232.725,82 € (IVA INCL.)
•–	Fecha de formalización: 20 de julio de 2017, (suscrito el 13 de septiembre de 2017).
•–	Plazo: 24 meses.
•–	Adenda al contrato administrativo de servicio de análisis de las aguas residuales brutas y tratadas de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales del Consorcio de 26 de febrero de 2018.
•–	Finalización: 13 de septiembre de 2019.
•–	Primera prórroga: Mediante acuerdo de Junta General de 30 de septiembre de 2019, hasta el 2 de octubre de 2020.
•–	Segunda prórroga: Mediante decreto del Presidente de 2 de octubre de 2020, hasta el 2 de octubre de 2021.
•–	Tercera y última prórroga: Mediante decreto del Presidente de 17 de julio de 2021, hasta el 2 de octubre de 2022.

Tercero. En relación a la situación administrativa del contrato público que está en tramitación cabe destacar que se encuentra pendiente de aprobación técnica el PPT del nuevo contrato.

Cuarto. El cumplimiento de las formalidades exigidas en la LCSP implica que durante el plazo de nueve meses la prestación de este servicio carecería de cobertura por lo que se tendría que suspender su prestación con los consiguientes perjuicios a terceros que no son responsables de la dilación de los procedimientos. 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: El artículo 7 de la LrBRL establece las competencias de las Entidades Locales distinguiendo las propias de las atribuidas por delegación, describiéndose en el artículo 25.2 el elenco de competencias propias. De hecho, nuestro ordenamiento jurídico local prevé consecuencias en caso de incumplimiento de las obligaciones legalmente impuestas (LrBRL, artículo 60). Por su parte la positivación de los servicios públicos locales viene contemplada el art. 85 de la LrBRL constituyendo un derecho de los vecinos (art. 18, c).

La posibilidad de extra prorrogar los contratos ha sido objeto de examen por la jurisprudencia que ha venido examinando esta cuestión y así en la STS de 18 de noviembre de 1986, se declaró “una situación excepcional en que denunciado el contrato en la forma legalmente establecida y pactada, la Administración por razones de interés público unidas a la necesidad de continuidad del servicio —y mientras no se seleccione al nuevo contratista— impone coactivamente la permanencia del anterior con unas consecuencias equiparables a las producidas cuando la Administración hace uso de las facultades que forman el contenido del ‘ius variandi’, con la ineludible contrapartida de la compensación económica a favor del contratista o concesionario de un servicio público, como es el caso al tratarse de un contrato de limpieza del Hospital Insular” o la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 1 de marzo de 1999 que recoge un supuesto de prórroga forzosa: «(…/…) Al regular el art. 127.1 RS las potestades exorbitantes de que gozará la Administración en los contratos de servicios públicos señala que la Corporación concedente ostentará sin perjuicio de las que procedan, las potestades siguientes: 1.º Ordenar discrecionalmente, como podría disponer si gestionare directamente el servicio, las modificaciones en el concedido que aconseje el interés público y, entre otras: 

a)	la variación en la calidad, cantidad tiempo o lugar de las prestaciones en que el servicio consista.
b)	la alteración de las tarifas a cargo del público y en la forma de retribución del servicio. 

Segunda: Si observamos atentamente los preceptos transcritos siempre hacen referencia a la posibilidad de introducir modificaciones en el servicio. Por modificar hay que entender ‘cambiar una cosa mudando alguno de sus accidentes’. Según la doctrina civilista se consideran, por regla general, condiciones accidentales del contrato las que se refieren a la cantidad, modo, tiempo o lugar de las obligaciones. La prórroga de la duración del contrato podría tener cabida dentro de la potestad de modificar el servicio (…)».

En tal sentido carece de eficiencia desde un punto de vista económico y administrativo iniciar un nuevo expediente de contratación para amparar la prestación, interrumpiendo la continuidad del servicio e incumpliendo la garantía a los particulares del derecho a utilizarlo en las condiciones establecidas (y mediante el abono en su caso de la contraprestación económica fijada); asumiendo las indemnizaciones de  los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera su desarrollo (con la salvedad de aquellos que sean producidos por causas imputables al consorcio) hasta que se decidiera el nuevo adjudicatario, ya que la administración debe concentrar sus medios en impulsar lo más rápidamente posible el expediente que ya se encuentra en trámite.

Finalmente, el artículo 31 de la LAULA establece que son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad y su prestación es obligatoria en todos los municipios de Andalucía, declarando que tienen la consideración de servicios públicos básicos los servicios enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tercera:  Del mismo modo, la Sentencia del Tribunal Supremo n. 7263/1986, de fecha 20.12.1986:
«Cuarto: El principio tradicional en la contratación administrativa de riesgo y ventura del contratista del Reglamento de Contratación de las Corporaciones locales (artículo 57) y la regla de la inalterabilidad de los contratos del mismo Reglamento, sufren importantísimas atenuaciones en el campo de la concesión de servicios públicos. La doctrina y la jurisprudencia francesa, ha venido destacando que, ante todo, la concesión de un servicio está dominada por un criterio fundamental: mantener la continuidad de la prestación del servicio público».
«...En definitiva, el interés público de la continuidad del servicio prevalece sobre la doctrina clásica de la inalterabilidad del contrato. No deja de ser sintomático que, en lo que ahora importa, haya sido el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el que haya consagrado claramente esta flexibilización del contrato (artículos 126.2.b), 127.2.2 y 128.3.2) frente a la inalterabilidad que le atribuye el Reglamento de Contratación».

III.- PROPUESTA DE ACUERDO

Por cuanto antecede y en virtud del acuerdo de la Junta General de 21 de abril de 2021, es por lo que VENGO A DECRETAR:

1.- CONTINUAR la prestación del Servicio de Análisis de las Aguas Residuales Brutas y Tratadas de las EDAR del Poniente Almeriense por tratarse de una prestación que tiene por objeto atender los servicios relativos al: abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales.

2.- APROBAR LA PRÓRROGA FUNCIONAL del contrato suscrito con el Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en el Poniente Almeriense cuya denominación, adjudicatario e importes estimados (IVA incluido) se detallan a continuación, en los mismos términos en cuanto a precio y condiciones de su prestación por el plazo de nueve meses. En caso de que se formalice el contrato que se encuentra en tramitación con anterioridad a dicha fecha, se declarará extinguido automáticamente los efectos del presente acuerdo.

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	
IMPORTE
	
SERVICIO DE ANÁLISIS DE LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS Y TRATADAS DE LAS EDAR DEL PONIENTE ALMERIENSE	TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSA)	232.725,82 € (IVA INCL.)	

3.- Dar traslado a los servicios de intervención y a los servicios de contratación a los efectos oportunos.
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La presente resolución ha sido firmada electrónicamente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por la autoridad competente y transcrita al Libro de Resoluciones por la secretaría municipal con el número y fecha al margen reseñado, como garantía de autenticidad e integridad.