Expediente: 2023/14

DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA  
C. Navarro Rodrigo, 17 
ALMERÍA (4004). 

El 8 de abril de 2022, se dictó Decreto del Presidente del Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano del Poniente Almeriense relativo a la asistencia técnica y administrativa del mismo. Fueron designados para asesoramiento técnico, previa autorización de las entidades locales a las que pertenecen los siguientes funcionarios:

 -	EDAR y en su caso ERAR de Roquetas de Mar, el TAE del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Don Jesús Rivera Sánchez.
 -	EDAR y en su caso ERAR de El Ejido y EDAR de Balerma, el TAE del Ayuntamiento de el Ejido Don Rafael Almohalla Poveda.
 -	EDAR y en su caso ERAR de Adra, EDAR de Dalias, Balanegra, Enix y Felix y supervisión general de servicios e infraestructuras que afecten a más de una EDAR, técnico de la Excma, Diputación Provincial de Almería Don Francisco Javier Martínez Rodríguez.
A efectos de tramitación administrativa, gestión y en su caso contratación de obras, servicios y suministros al personal jurídico administrativo y colaborador de la oficina de Secretaría General e Intervención; una plaza de A1, dos plazas de C1 y dos plazas de C2.
El Consorcio procedió a transferir como contraprestación de los servicios referidos los siguientes importes correspondientes al ejercicio 2022:
 -	Diputación de Almería: 5.005,44 Euros.
 -	Ayuntamiento de Roquetas de Mar: 25.711,48 Euros.
 -	Ayuntamiento de El Ejido: 5.005,44 Euros.
Al objeto de proceder a la liquidación de los importes transferidos a su entidad, le SOLICITO que en plazo de un mes nos remita justificación del abono al personal adscrito al Consorcio por los trabajados realizados durante el 2022 así como, en caso existir saldos que no hayan sido aplicados a la finalidad para la cual fueron transferidos, indique la cantidad sobrante al objeto de ser compensada con la aportación correspondiente al año 2023.
	Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por la autoridad en la fecha que se indica al margen del mismo, cuya autenticidad e integridad puede verificarse a través de código seguro que se inserta.