Expediente: SANCIONADOR VERTIDO SIN AUTORIZACION GASOLINERA REPSOL EN AV BOULEVAR VICAR/2023/42
COMUNICACIÓN INTERNA
	Mediante Decreto número 37/2023 de fecha 7 de junio de 2023, el Presidente del Consorcio del Ciclo Integral del Agua del poniente Almeriense, ha resuelto lo siguiente:
«I. ANTECEDENTES DE HECHO

1. En el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control del servicio de alcantarillado y depuración del Consorcio para el Ciclo Integral del Uso de Agua de Uso Urbano en el Poniente Almeriense (CIAP), HIDRALIA presenta denuncia ante el Consorcio en la que indica no están autorizados los vertidos de la Gasolinera Repsol sita en la AV Bulevar de Vícar 659 de Vícar. 

Que el titular de la actividad es ESTACIÓN DE SERVICIO PICA SL, con CIF B04621660.
Se adjuntan a la denuncia distintos requerimientos efectuados por HIDRALIA.

2. No consta en los registros del Consorcio que se haya la legalizado el vertido existente durante los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense (BOP 149 de 5 de agosto de 2021).

3. Consta en el expediente informe jurídico del técnico adscrito al CIAP.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE

1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas (LPACAP).

2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

3. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA).

4. Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.

5. Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

6. Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense (BOP 149 de 5 de agosto de 2021).

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. El artículo 41.2 del Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía establece que “corresponderá a los municipios la vigilancia, inspección y control de los vertidos realizados a las redes de saneamiento municipal”, tal y como se enmarca, en lo que a asignación de competencias se refiere, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

2. El artículo 32.5 otorga la condición de agente de la autoridad inspectora y gozarán de presunción de veracidad las actas levantadas por aquellas personas que realicen las tareas de vigilancia, inspección y control, autorizadas por el Consorcio o sus concesionarias. De igual modo, el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas (LPACAP), “los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario”

3. El artículo 26 de la OV fija un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la propia ordenanza para solicitar autorización de vertidos a aquellas actividades, estén conectados o no a la red de alcantarillado, que realicen vertidos directos o indirectos, y que no lo hicieran en su día o deban de tener y no dispongan de una Autorización de vertidos.
En su último párrafo establece que “La no legalización del vertido existente, dentro del plazo de seis meses indicado en el párrafo anterior supondrá incurrir en la infracción correspondiente por vertido no autorizado, pudiendo por tanto precederse a la clausura del vertido o de la incoación del expediente sancionador correspondiente”.

4. En el caso de vulneración de las disposiciones de la OV y con independencia de la imposición de las multas procedentes, el Consorcio además, con la finalidad de suprimir los efectos de la infracción y restaurar la situación de legalidad, podrá adoptar como medidas correctoras, entre otras (artículo 39 de la OV):
e) La introducción de medidas correctoras concretas en las instalaciones para evitar el incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza y la redacción en su caso, del proyecto correspondiente dentro del plazo que le fije el Consorcio.
f) La clausura o precinto de las instalaciones de vertido en caso de que no sea posible, técnica o económicamente, evitar lainfracción, mediante las oportunas medidas correctoras.

5. El artículo 36.2 de la OV tipifica como infracción grave, entre otras, “e) El funcionamiento, la ampliación o la modificación de un establecimiento comercial o industrial, sin la previa obtención, en su caso, de la correspondiente autorización de vertido”.
Tienen la consideración de infracción leve (artículo 36.1 de la OV)  “d) Todos aquellos actos u omisiones que supongan el incumplimiento de cualquier precepto contenido en esta ordenanza y que no se califiquen en el mismo, como graves o muy graves”.

6. El artículo 56 LPACAP previene que iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
Entre dichas medidas provisionales se encuentran: a) Suspensión temporal de actividades. b) Prestación de fianzas. c) Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable. d) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos. e) El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble. f) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda. g) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen. h) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas. i) Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución.

7. Se consideran responsables de las infracciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 35 de la OV a las personas responsables de la realización de la acción infractora, salvo que las mismas se encuentren unidas a los propietarios o titulares de la actividad o proyecto por una relación laboral, de servicio o cualquier otra de hecho o de derecho en cuyo caso responderán éstos.

8. La competencia en materia sancionadora corresponde al Consorcio según lo duspuesto en los artículos 118 y 119 LRJSP en relación con el artículo 2.1.h de los estatutos del CIAP (BOJA 27 de 7 de febrero de 2013). Igualmente, la Ordenanza de Vertidos establece que corresponde al Consorcio, en el ámbito de sus competencias, la incoación, instrucción y resolución del expediente sancionador por las infracciones cometidas. El Consorcio podrá adoptar cualquier medida cautelar que sea precisa para la protección de las instalaciones de saneamiento y depuración, desde que tenga conocimiento de la comisión de infracciones graves y muy graves.
Es competente para dictar Resolución en este procedimiento administrativo sancionador el Presidente del CIAP de conformidad con lo establecido en los artículos 37.5 y 38 de la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense.

9. El artículo 64 LPACAP establece el contenido mínimo que ha de tener la iniciación del procedimiento sancionador, disponiendo que el acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado, y que en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. Asimismo, y de conformidad con el artículo 85 LPACAP, el presunto infractor podrá reconocer su responsabilidad y se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

10. La LPCAP prevé como medio de ejecución forzosa la ejecución subsidiaria, que se llevará a cabo a costa del obligado en los términos de su artículo 100: “1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. 2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado. 3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva”.

11. El plazo máximo para dictar resolución y notificar el presente procedimiento es de un año desde la incoación, de conformidad con la Disposición Adicional sexta del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas en relación con los artículos 2 y 3.33 del Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

A la vista de lo expuesto, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 11 de los Estatutos Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en el Poniente Almeriense (BOJA númeor 27 de 7 de febrero de 2013), RESUELVO:

1º. Ordenar como medida provisional para el restablecimiento de la legalidad vigente prevista en el artículo 56 LPACAP y 26 de la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense, la orden de clausura del vertido llevado a cabo en el establecimiento ESTACIÓN DE SERVICIO PICA SL, sito en la AV Bulevar de Vícar 659 de Vícar.
Esta medida cesará cuando introduzca las medidas correctoras concretas en las instalaciones para evitar el incumplimiento de lo preceptuado en la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense (BOP 149 de 5 de agosto de 2021). 

2º. Ordenar que por los técnicos de vigilancia y control del servicio de alcantarillado y depuración del Consorcio para el Ciclo Integral del Uso de Agua de Uso Urbano en el Poniente Almeriense se realice la verificación del exacto cumplimiento de la orden de suspensión del citado vertido.

3º. Incoar procedimiento sancionador a ESTACIÓN DE SERVICIO PICA SL, con CIF con B04621660, para determinar las responsabilidades administrativas en que haya podido incurrir como titular del establecimiento sito en AV Bulevar de Vícar 659 de Vícar, y ello como presunto responsable de la infracción administrativa grave prevista en el artículo 36.2.e de la Ordenanza de vertidos a la red de alcantarillado del Consorcio para la gestión de los servicios integrados de abastecimiento de agua y saneamiento del poniente almeriense, por vertido no autorizado, pudiendo corresponder una sanción de seis mil euros 6.000 €. 

4º. Designar como instructor del expediente a don Héctor José Hernández Martínez, técnico adscrito al CIAP y como secretario a Rosendo Requena Reyes, coordinador adscrito al CIAP, quienes podrán ser recusados en cualquier momento de la tramitación del expediente según lo preceptuado en el artículo artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5º. Conceder al interesado un plazo de QUINCE DÍAS para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso,  proponer prueba concretando las medidas de que pretenda valerse. En caso de no efectuarse alegaciones en dicho plazo, el acto de iniciación de este expediente podrá considerarse como propuesta de resolución. El presunto responsable puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, pudiendo, en ese caso, resolverse el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda; asimismo, el pago voluntario por el imputado de la sanción correspondiente podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sancionador, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.»

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por la autoridad y ante el funcionario público en la fecha que se indica al margen del mismo, cuya autenticidad e integridad puede verificarse a través de código seguro que se inserta.