Expediente: 2022/79

DON GABRIEL AMAT AYLLÓN, PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DEL PONIENTE ALMERIENSE, HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
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I.- ANTECEDENTES

Primero. – En fecha 30 de septiembre de 2022 se adoptó por esta Presidencia para la prórroga del contrato de servicio de análisis de las aguas aguas residuales brutas y tratadas de las EDAR del poniente almeriense. Como se indicaba en la resolución reseñada se trata de un contrato de carácter básico o esencial, al referirse al control del sistema de depuración como su afección al medio ambiente por lo que procedía su continuidad en tanto en cuanto se está elaborando por los servicios técnicos de la Diputación Provincial adscritos al consorcio procede su prórroga funcional. 

	El contrato de servicio de análisis de las aguas residuales brutas y tratadas de las EDAR del poniente almeriense tiene las siguientes características básicas: a) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA), b) Importe: 232.725,82 € (IVA INCL.), y fue prorrogado mediante acuerdo de Junta General de 30 de septiembre de 2019, hasta el 2 de octubre de 2020, mediante decreto del Presidente de 2 de octubre de 2020, hasta el 2 de octubre de 2021, mediante  decreto del Presidente de 17 de julio de 2021, hasta el 2 de octubre de 2022 adoptándose la última prórroga funcional mediante la resolución reseñada de 30 de septiembre de 2022,

Segundo. 	A día de la fecha no se ha recibido aún el Pliego de Condiciones Técnicas y memoria para la aprobación del expediente de contratación del servicio que está siendo objeto valoración por los servicios técnicos adscritos al consorcio pertenecientes a la Diputación provincial de Almería, cuya última comunicación en esta materia, del 13/05/2023, se refiere a las dificultades derivadas de las nuevas infraestructuras de regeneración que obligan a solicitar nuevas autorizaciones completas, lo que unido al cambio de normativa hace muy difícil saber los requerimientos futuros de las autorizaciones del organismo de cuenca. 
En conclusión, al día de la fecha subsisten las circunstancias que sirvieron de base para adoptar la resolución reseñada.  En estas circunstancias, y como ha señalado AIReSCOM las prórrogas no pueden ser objeto de un procedimiento de contratación de carácter excepcional por emergencia como si fuera un tipo de tramitación alternativo a las tramitaciones ordinaria y urgente reguladas en la LCSP.

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1º Como se indica en la resolución de 30 de septiembre de 2022 al principio reseñada, el artículo 7 de la LrBRL establece las competencias de las Entidades Locales distinguiendo las propias de las atribuidas por delegación, describiéndose en el artículo 25.2 el elenco de competencias propias. De hecho, nuestro ordenamiento jurídico local prevé consecuencias en caso de incumplimiento de las obligaciones legalmente impuestas (LrBRL, artículo 60). Por su parte la positivación de los servicios públicos locales viene contemplada el art. 85 de la LrBRL constituyendo un derecho de los vecinos (art. 18, c).

La posibilidad de extra prorrogar los contratos ha sido objeto de examen por la jurisprudencia que ha venido examinando esta cuestión y así en la STS de 18 de noviembre de 1986, se declaró “una situación excepcional en que denunciado el contrato en la forma legalmente establecida y pactada, la Administración por razones de interés público unidas a la necesidad de continuidad del servicio —y mientras no se seleccione al nuevo contratista— impone coactivamente la permanencia del anterior con unas consecuencias equiparables a las producidas cuando la Administración hace uso de las facultades que forman el contenido del ‘ius variandi’, con la ineludible contrapartida de la compensación económica a favor del contratista o concesionario de un servicio público, como es el caso al tratarse de un contrato de limpieza del Hospital Insular” o la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 1 de marzo de 1999 que recoge un supuesto de prórroga forzosa: «(…/…) Al regular el art. 127.1 RS las potestades exorbitantes de que gozará la Administración en los contratos de servicios públicos señala que la Corporación concedente ostentará sin perjuicio de las que procedan, las potestades siguientes: 1.º Ordenar discrecionalmente, como podría disponer si gestionare directamente el servicio, las modificaciones en el concedido que aconseje el interés público y, entre otras: 

a)	la variación en la calidad, cantidad tiempo o lugar de las prestaciones en que el servicio consista.
b)	la alteración de las tarifas a cargo del público y en la forma de retribución del servicio. 

2º: Si observamos atentamente los preceptos transcritos siempre hacen referencia a la posibilidad de introducir modificaciones en el servicio. Por modificar hay que entender ‘cambiar una cosa mudando alguno de sus accidentes’. Según la doctrina civilista se consideran, por regla general, condiciones accidentales del contrato las que se refieren a la cantidad, modo, tiempo o lugar de las obligaciones. La prórroga de la duración del contrato podría tener cabida dentro de la potestad de modificar el servicio (…)».

En tal sentido carece de eficiencia desde un punto de vista económico y administrativo iniciar un nuevo expediente de contratación para amparar la prestación, interrumpiendo la continuidad del servicio e incumpliendo la garantía a los particulares del derecho a utilizarlo en las condiciones establecidas (y mediante el abono en su caso de la contraprestación económica fijada); asumiendo las indemnizaciones de  los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera su desarrollo (con la salvedad de aquellos que sean producidos por causas imputables al consorcio) hasta que se decidiera el nuevo adjudicatario, ya que la administración debe concentrar sus medios en impulsar lo más rápidamente posible el expediente que ya se encuentra en trámite.

Finalmente, el artículo 31 de la LAULA establece que son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad y su prestación es obligatoria en todos los municipios de Andalucía, declarando que tienen la consideración de servicios públicos básicos los servicios enumerados en el artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

3º:  Del mismo modo, la Sentencia del Tribunal Supremo n. 7263/1986, de fecha 20.12.1986:
«Cuarto: El principio tradicional en la contratación administrativa de riesgo y ventura del contratista del Reglamento de Contratación de las Corporaciones locales (artículo 57) y la regla de la inalterabilidad de los contratos del mismo Reglamento, sufren importantísimas atenuaciones en el campo de la concesión de servicios públicos. La doctrina y la jurisprudencia francesa, ha venido destacando que, ante todo, la concesión de un servicio está dominada por un criterio fundamental: mantener la continuidad de la prestación del servicio público».
«...En definitiva, el interés público de la continuidad del servicio prevalece sobre la doctrina clásica de la inalterabilidad del contrato. No deja de ser sintomático que, en lo que ahora importa, haya sido el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, el que haya consagrado claramente esta flexibilización del contrato (artículos 126.2.b), 127.2.2 y 128.3.2) frente a la inalterabilidad que le atribuye el Reglamento de Contratación».

Por todo ello y  teniendo en cuenta, que se mantiene los datos de esencialidad en cuanto al carácter básico de los servicio de los análisis de las aguas depuradas es por lo que se ha de adoptar el acuerdo de continuar la prestación del mismo hasta tanto se adjudique el servicio, igualmente se ha de requerir formalmente a los servicios adscritos de la Diputación Provincial de Almería de manera urgente la remisión de la memoria y Pliego de Condiciones Técnicas para la aprobación del expediente de contratación.

	Por cuanto antecede y en virtud del acuerdo de la Junta General de 21 de abril de 2021, es por lo que VENGO A DECRETAR:

PRIMERO. - Autorizar con carácter excepcional la continuación de la prestación del Servicio de Análisis de las Aguas Residuales Brutas y Tratadas de las EDAR del Poniente Almeriense conforme al contrato suscrito con técnicas SA Typsa, dejando sin efecto la limitación temporal recogido en el apartado 2º del Decreto de prórroga de 30 de septiembre de 2022, manteniéndose el régimen técnico y económico administrativo establecido en el contrato suscrito el 13 de septiembre de 2017.

SEGUNDO. - Requerir formalmente a los servicios técnicos de la Diputación Provincial de Almería adscritos al Consorcio del ciclo integral del agua para la remisión urgente de la memoria y PPT que han de regir el nuevo contrato.

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El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el funcionario público en la fecha que se indica al margen del mismo, cuya autenticidad e integridad puede verificarse a través de código seguro que se inserta.