Expediente: 2024/1

DOÑA MÓNICA ARTACHO SÁNCHEZ, TESORERA DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DEL PONIENTE ALMERIENSE INFORMA:

Asunto: Informe mensual sobre el cálculo del Periodo Medio de Pago a proveedores conforme la metodología de cálculo del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio (CUARTO Trimestre 2023).

Con relación al asunto arriba referenciado se emite el siguiente 

INFORME

	PRIMERO-. Legislación aplicable:
-  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
- Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, por la que se modifica la ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, previstos en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Y su nueva redacción dada por el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre.

	SEGUNDO- El artículo 13.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, establece: 
Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería. Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
	La disposición adicional primera de la ley Orgánica 9/2013 obliga a las Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes publicar en su portal web su periodo medio de pago a proveedores.

	Por su parte, el Real Decreto 635/2014 de metodología de cálculo del PMP en su artículo 6.2 referente a la Publicidad del PMP señala: 
2.Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las comunidades autónomas y corporaciones locales modelos tipo de publicación. 
	La modificación introducida por el Real Decreto 1040/2017, afecta principalmente al momento en que se empieza a computar el plazo de pago, anteriormente 30 días a contar desde el registro de factura, y con la nueva normativa, en el momento en que se aprueben los documentos de conformidad de las facturas o certificaciones de obra. Esta Tesorería, a falta de poder imputar la fecha de conformidad de la recepción del suministro o servicio, entiende que dicha fecha de aprobación de conformidad es la de la contabilización y reconocimiento de la obligación con un tercero.

TERCERO.- A estos efectos, finalizado el cuarto trimestre, procede el cálculo del PMP como magnitud de medición de retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, conforme la metodología de cálculo regulada en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio:
	Este ratio de PMP indica que el Consorcio realiza sus pagos de facturas excluidas las correspondientes al sector institucional, en una media de 60,72 días desde la aprobación de la conformidad de las facturas o certificaciones de obra. Y tiene facturas pendientes de pago al final del periodo con una media de 0 días desde la aprobación de la conformidad. Siendo el periodo medio de pago de la Entidad de 12,30 días.

	CUARTO.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en la Junta General del Consorcio, este informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda, así como también proceder a la publicación de los datos señalados en el punto cuarto, en la página web municipal.

LA TESORERA
Fco. Mónica Artacho Sánchez

                El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el funcionario en la fecha que se indica al pie del mismo, cuya autenticidad e integridad puede verificarse a través de código seguro que se inserta.