Expediente: 2024/63

DOÑA MÓNICA ARTACHO SÁNCHEZ, TESORERA DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO DEL PONIENTE ALMERIENSE, INFORMA

Asunto: Informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos de pago previstos en la Ley 15/2010 de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (SEGUNDO TRIMESTRE 2024).

Con relación al asunto arriba referenciado se emite el siguiente 

INFORME

	PRIMERO-. Legislación aplicable:
- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, publicada en el BOE núm. 314 del jueves 30 diciembre 2004.
- Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre.
- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, publicada en el BOE núm. 261 del martes 6 de julio de 2010. 
- Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Real Decreto-Ley 4/2013 de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y del estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

	SEGUNDO- El artículo 198.4 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de noviembre señala que: “La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obras o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato…”. En caso de demora en el plazo previsto anteriormente, la Administración deberá abonar al contratista los intereses de demora, así como la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre.

	Las facturas emitidas, se deben pagar en un plazo de 30 días desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con el servicio prestado. Entendemos que la conformidad se produce con la aprobación de la factura o certificación de obra, y el ordenador de pagos dispondrá de 30 días desde dicha aprobación para su pago efectivo. El incumplimiento de dichos plazos debe dar lugar al pago de intereses de demora.

	El artículo cuarto de la ley 15/2010 en su apartado tercero señala que los Tesoreros o en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

	TERCERO.- A estos efectos, finalizado el trimestre comprendido entre 1 de abril de 2024 a 30 de junio de 2024, procede al amparo de los preceptos anteriores, evaluar el cumplimiento de los plazos de pago de las facturas y certificaciones de obra a las que le es de aplicación la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público:

•	Pagos realizados en el trimestre:
	PMP- El Periodo medio de pago, es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos, desde la fecha de registro: 97,63 días
	La segregación por capítulos viene recogida en el cuadro adjunto.
•	Intereses de demora pagados en el periodo: No se han pagado intereses de demora por operaciones comerciales como exige la normativa.
•	Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre:
	PMPP- El Periodo Medio del pendiente de pago al final del trimestre, es el indicador del número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre, desde la fecha de registro: 51,57 días
	La segregación por capítulos viene recogida en el cuadro adjunto.

	Comparando los datos resultantes con los aportados en el informe de morosidad de los trimestres anteriores, se puede observar los siguientes datos:

	CUARTO.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en la Junta General del Consorcio, este informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda.

LA TESORERA
Fdo. Mónica Artacho Sánchez

                El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el funcionario en la fecha que se indica al pie del mismo, cuya autenticidad e integridad puede verificarse a través de código seguro que se inserta.